Los participantes rindieron homenaje a la memoria de sus familiares y además aseguraron la continuación de su legado, a su vez demandando las medidas de reparación y justicia.

Organizaciones sociales, líderes comunitarios y sobrevivientes de la violencia en Guatemala, realizaron el martes una marcha desde la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta la Plaza de las Niñas, en conmemoración del Día Nacional de la Dignidad de las Víctimas del Conflicto Armado Interno (CAI).

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Durante la marcha, los participantes rindieron homenaje a la memoria de sus familiares y además aseguraron la continuación de su legado, a su vez demandando las medidas de reparación y justicia.

Las dictaduras militares afectaron al menos 200.000 personas que fueron asesinadas y 45.000 desaparecidos, debido a la masacre en la nación en el periodo de 1960 hasta 1996.

Los manifestantes denunciaron la falta de acción del Gobierno de Bernardo Arévalo, que fue respaldado por las comunidades indígenas del altiplano, y no ha retribuido lo suficiente apoyo a las personas sobrevivientes y sus familias.

La representante de Conavigua, Feliciana Macario,  manifestó que “van más de cinco años sin que se entregue una sola medida de reparación a las víctimas del Conflicto Armado Interno”.

“Mientras tanto, se aprobó una ampliación presupuestaria para continuar pagando a los militares que participaron en los crímenes del pasado”, aseguró Macario.

Macario dijo: “el Gobierno gasta 41.000 000 al mes para indemnizar a los exmilitares, mientras que no existe un programa para atender a las víctimas del conflicto armado”.

La Plataforma Nacional requirió al presidente Arévalo que acepte un acuerdo del Gobierno, para crear el Plan Nacional de Dignificación y Reparación, los proyectos para la búsqueda de personas desaparecidas, y de archivos y memoria históricos.

Mientras que al Organismo Judicial y a la Corte de Constitucionalidad (CC), que derogue las resoluciones de los casos Creompaz y Genocidio Ixil, en las que los Tribunales no aceptaron el reconocimiento de las masacres realizadas contra la población civil bajo el mandato de Romeo Lucas García.

Solicitaron, también, la paralización de la criminalización hacia los líderes comunitarios por parte del Ministerio Público (MP), que previas a las persecuciones iniciadas en el periodo de las dictaduras y, por último, la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras.

Como parte de la marcha estuvieron mujeres Achi, Ixil y las abuelas de Sepur Zarco; así como la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (Contigua), Asociación de Familiares de Detenidos de Guatemala (Famdegua), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU), Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (Odhag), Centinelas por la Dignificación del Estado, la Asociación Civil Verdad y Vida, y otras organizaciones que integran la Plataforma Nacional de Víctimas del CAI.

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